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#Ni una menos, es la consigna. Políticas públicas, es el camino.

1371065_68211101Hartazgo, indignación, miedo a que sigan muriendo mujeres. Parecen ser muy buenos motivos para salir a la calle, manifestar en el espacio público lo que todo el mundo sabe: la violencia de género existe y no retrocede.

El 3 de junio a la noche, cuando termine la marcha, aunque sea multitudinaria, todo va a seguir igual sino hay políticas publicas que cumplan con una ley escrita, aprobada y promulgada hace varios años.

De todas maneras, hay que estar el 3 de junio en el Congreso para que no haya ni una menos y pero también para recordar que la Argentina tiene normas y organismos públicos que podrían prevenir la violencia que padecemos de manera cotidiana.

Durante mucho tiempo, muchas personas lucharon para que se tome conciencia sobre la violencia de género, para que la sociedad entienda de qué se trata este tipo de violencia. El resultado fue positivo en el ámbito legislativo, ya que desde 2009 contamos con la ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Fue sancionada el 11 de marzo de 2009 (Boletín Oficial 14/4/2009) y reglamentada por el Decreto 1011/2010 (BO 20/07/2010).  http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/Ley%2026485%20CNM.pdf

Una de las mayores virtudes de esta ley es la manera que define los diferentes tipos de violencia que se pueden ejercer (física, psicológica, sexual, económica, y simbólica) y los modos en que se manifiestan en ámbitos públicos o privados (Art. 5 y 6). Establece que los tres poderes del Estado, en el nivel nacional o provincial, deben adoptar medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y varones. Pero avanza en una medida concreta para que esta ley se cumpla, creando un organismo, el Consejo Nacional de la Mujeres (www.cnm.gov.ar), que será el encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la presente ley (Art. 8) y asignándole, entre numerosas facultades, la de Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Art.9 Inc. a).

Por eso debemos marchar el 3 de junio para que no haya ni una menos y para conocer cuáles son los lineamientos del Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, las acciones realizadas y los avances logrados en su implementación.

Ante cada noticia de violencia de género, ante cada femicidio, la indignación genera múltiples debates entre organizaciones de la sociedad civil, víctimas, vecinos, profesionales de servicios públicos (juzgado, hospital o comisaría). Discutimos y opinamos, señalamos al victimario y lamentamos las víctimas. Todo esto sucede ante la ausencia del Consejo Nacional de las Mujeres.

Si, habrá que marchar el 3 de junio al Congreso para que no haya ni una menos y porque el incumplimiento de la ley 26.485 retrasa la incorporación de la perspectiva de género en las instituciones que deben intervenir cuando se produce un hecho violento (policía, servicios de salud, justicia, etc.)

También podríamos marchar para conocer cuál es la información que dispone el Consejo Nacional de las Mujeres (Art. 9 inc. k, l y m Ley 26.485) sobre las situaciones de violencia contra las mujeres. Ante el notable incremento de la violencia de género, se ha reclamado reiteradamente sobre la necesidad de contar con datos oficiales. Sin embargo los datos disponibles los generan organismos aislados o son producidos por organizaciones de la sociedad civil, como la Casa del Encuentro, que realizan un gran trabajo para visibilizar el problema, poniendo en evidencia la gravedad de la situación  y convirtiéndose en una referencia para el diseño y planificación de políticas públicas.

La ley 26.485 se refiere a los registros estadísticos en el Art. 11 al establecer las acciones que deberá implementar el Estado Nacional. Sobre el Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos-Secretaria de Justicia, dice en el Inc. c) que debe “Promover la unificación de criterios para la elaboración de los informes judiciales sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen violencia. Por otro lado el Cap. IV de la Ley 26.485 crea el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres estableciendo entre sus responsabilidades la el monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres. El Art. 13 le asigna la misión de “el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Tendríamos que marchar entonces también para conocer los Informes del Observatorio y los avances y conclusiones del convenio entre el INDEC y el CNM celebrado en 2012, en el “Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer”.       http://www.desarrollosocial.gob.ar/Noticia/convenioindec/1527

Habrá que marchar el 3 de junio para que no haya ni una menos y para reclamar por campañas de difusión pública de sensibilización sobre la violencia.

Si, debemos marchar el 3 de junio para que no haya ni una menos y para conocer cuáles son las acciones coordinadas para cumplir con el Art. 11 de la ley 26.485, sobre políticas públicas coordinadas con las diferentes áreas de gobierno nacional provincial y municipal para prevenir y erradicar la violencia.

Además, podríamos marchar el 3 de junio para que no haya ni una menos y para reclamar que no se reduzca el presupuesto de la Unidad Ejecutora: Consejo Nacional de la Mujer, lo cual sucede desde el año 2009 a pesar de haberse incrementado los hechos de violencia y haberse incorporado nuevas responsabilidades. La lucha contra la violencia necesita un organismo con fortaleza institucional y presupuestaria, para ser protagonista de la articulación de políticas que requiere erradicar la violencia de nuestra sociedad.

Finalmente, debemos marchar el 3 de junio al Congreso para que no haya ni una menos y para que se cumpla la ley 26.485, que tiene previstas una cantidad de medidas que, si se llevan a cabo, permitirían garantizar una vida sin violencia en Argentina.