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Consenso de Montevideo: un acuerdo regional para garantizar derechos.

9512343792_c2de95979c_qComisión económica para América Latina, organismo integrante del sistema de Naciones Unidas, desde 1948 ha tenido un papel destacado en la promoción del desarrollo social a través del análisis de la realidad económica y política de la región. Reafirmando esa función ha organizado, junto con el gobierno de Uruguay, la primera reunión de la  Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe en Montevideo entre el 12 y 15 de agosto pasado. Además de las representaciones oficiales de los países integrantes, participaron también a 24 organismos regionales e internacionales y 260 organizaciones no gubernamentales.

Resultado de esta conferencia fue el Consenso de Montevideo que reúne los acuerdos logrados sobre la agenda regional para dar seguimiento al Programa de Acción de El Cairo después de 2014. Se trata de una acuerdo muy importante que no debe pasar desapercibido para quienes se proponen observar el cumplimiento de los derechos económicos y sociales en la región.

En Té de brujas con Pamela Martín García analizamos el desarrollo de la Conferencia

En el programa Apuntes de Radio UBA Rodrigo Andrade conversó con Mabel Bianco sobre la importancia de esta Conferencia

Para comprender acabadamente la importancia de este acuerdo hay que tener en cuenta dos antecedentes: la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Declaración del Milenio aprobada por la Asamblea Gral. de Naciones Unidas en septiembre de 2000.

En El Cairo 1994, se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en la que 179 países acordaron un Plan de Acción a 20 años de gran importancia para abordar cuestiones de población y desarrollo de manera conjunta. Los postulados de El Cairo fueron retomados en la Declaración del Milenio, sin embargo, los compromisos establecidos por los países en estos acuerdos internacionales están lejos de cumplirse en América Latina, ya que a pesar de la mejora en algunos indicadores de desarrollo económico, las metas acordadas no se cumplen en los plazos previstos, agravado por la persistencia de la desigualdad en la región.

Los países integrantes de la CEPAL reunidos en Montevideo en la primera Conferencia de Población y desarrollo reafirmaron estos principios para establecer la agenda regional para después del 2014.

A partir del análisis de los cambios demográficos y las políticas necesarias para un desarrollo igualitario el Consenso de Montevideo establece 120 medidas para abordar los 8 temas establecidos como prioritarios:

1.    Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos
2.    Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
3.    Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos
4.    Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva
5.    Igualdad de género
6.    La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes
7.    Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad
8.    Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos
9.    Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial

Se pretende que ésta declaración sea propuesta en el 47 período de sesiones de Naciones Unidas como parte de las medidas clave para seguir ejecutando después de 2014 el Programa de Acción de El Cairo. Asi se expresa en las recomendaciones de seguimiento establecidas en el punto 109 que Resuelve que estos acuerdos se eleven como contribución de América Latina y el Caribe para el informe sobre la revisión del estado de la ejecución del Programa de Acción de El Cairo que el Secretario General presentará a la Comisión de Población y Desarrollo en su 47° período de sesiones, a celebrarse del 7 al 11 de abril de 2014, y para el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el seguimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, a celebrarse el 22 de septiembre de 2014 en Nueva York.

Puntos destacables del Consenso de  Montevideo (el documento completo aquí)

Principios Generales

–      Reafirmar que la laicidad del Estado es también fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas,

–      Reafirmar asimismo la importancia de fortalecer las formas participativas de gobierno como garantía para el efectivo ejercicio de la democracia,

–      Fortalecer el rol del Estado y dotarlo de la capacidad de proveer una gestión estratégica con una mirada de largo plazo para intervenir en el diseño del desarrollo nacional,

Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos

2.   Aplicar un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e intercultural en el tratamiento de los asuntos de población y desarrollo, e incrementar los esfuerzos tendientes a su reconocimiento, promoción y protección, con el fin de eliminar las desigualdades y fomentar la inclusión social;

3.   Establecer y fortalecer la institucionalidad pública encargada de los temas de población y desarrollo, a escala nacional y subnacional, y asegurar su integralidad y sostenibilidad, con la participación activa de otros actores no gubernamentales;

Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

8. Garantizar la existencia de mecanismos de participación efectiva de adolescentes y jóvenes en el debate público, en la toma de decisiones y en todas las etapas de las políticas y programas, en particular en aquellas que les atañen directamente, sin ningún tipo de discriminación fortaleciendo los mecanismos institucionales de juventud;

9. Invertir en la juventud, a través de políticas públicas específicas y condiciones diferenciales de acceso, especialmente en la educación pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad, para lograr que sea una etapa de vida plena y satisfactoria, que les permita construirse a sí mismos como personas autónomas, responsables y solidarias, capaces de enfrentar creativamente los retos del siglo XXI;

11. Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos;

14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;

16. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades y capacidades para una  sana convivencia y una vida libre de violencia, mediante estrategias intersectoriales que incluyan actuar sobre los determinantes que dificultan la convivencia y promueven la violencia, que brinden una formación que promueva la tolerancia y el aprecio por las diferencias, el respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de conflictos y la paz desde la primera infancia, y aseguren la protección y el acceso oportuno a la justicia de las víctimas y la reparación del daño;

Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos

18. Formular políticas con perspectiva de género que aseguren un envejecimiento de calidad, tanto para las personas que viven en las ciudades como en el campo y la selva,

22. Erradicar las múltiples formas de discriminación que afectan a las personas mayores, incluyendo todas las formas de violencia contra mujeres y hombres mayores, teniendo en cuenta las obligaciones de los Estados con respecto a un envejecimiento con dignidad y derechos;

Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva

35. Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales;

40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;

42. Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos;

43. Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida;

44. Garantizar el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia

Igualdad de género

51. Promover la paridad y otros mecanismos que garanticen el acceso al poder en los sistemas electorales, como una condición determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, que afecta sobre todo a aquellas en condición de vulnerabilidad, a través de la capacitación a mujeres líderes;

54. Impulsar leyes y desarrollar y fortalecer políticas públicas de igualdad laboral que eliminen la discriminación y las asimetrías de género en materia de acceso a empleos decentes y permanencia en ellos, remuneraciones y toma de decisiones en el ámbito laboral, y que reconozcan el valor productivo del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado;

61. Garantizar la corresponsabilidad del Estado, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres y los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, integrando el cuidado en los sistemas de protección social, mediante prestaciones, servicios y beneficios que maximicen la autonomía y garanticen los derechos, la dignidad, el bienestar y el disfrute del tiempo libre para las mujeres;

 La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes

68. Elaborar estrategias integrales globales y regionales para erradicar la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes, así como aprovechar los beneficios y enfrentar los desafíos que plantea la migración, entre ellos, aquellos derivados de las remesas y de la migración calificada en sectores de alta demanda, así como la participación diferenciada de hombres y mujeres y la transnacionalización del cuidado;

70. Incorporar principios de coherencia y reciprocidad en la atención de las diversas situaciones que enfrentan los emigrantes de los países de la región, abarcando a todas las etapas del proceso migratorio, tanto los que acontecen en la escala intrarregional como fuera de la región;

Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad

81. Planificar y ordenar el desarrollo territorial y urbano, con perspectiva de derechos humanos y de género, formulando políticas de movilidad, asentamiento de la población y localización de actividades que consideren entre sus objetivos evitar el uso de zonas vulnerables y protegidas, y prevenir y mitigar el impacto de los desastres socioambientales y combatir la vulnerabilidad ambiental de las personas y comunidades de grupos étnicos y raciales discriminados, así como la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático;

Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos

88. Respetar y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, incluidos a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, prestando particular atención a los desafíos que plantean las industrias extractivas y otras grandes inversiones a escala global, la movilidad y los desplazamientos forzados, y desarrollar políticas que garanticen la consulta previa, libre e informada en los asuntos que les afecten;

Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial

93. Abordar las desigualdades de género, raza, etnia y generacionales, teniendo en cuenta las intersecciones de estas dimensiones en las situaciones de discriminación que sufren las mujeres y especialmente, las jóvenes afrodescendientes;

 

Fotos: http://www.flickr.com/photos/cepal/sets/72157635046913150/