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La fertilización asistida como política pública. El principio del fin de una práctica desigual. Por María Orsenigo.

Desde los años setenta vienen practicándose técnicas de reproducción humana asistida en la Argentina. Debemos reconocer que desde el inicio de la democracia éstas han tenido un fuerte impulso en el ámbito de la investigación médica. Puede decirse que nuestro país ha sido pionero en estas cuestiones y nuestros profesionales han obtenido gran reconocimiento en la región. Sin embargo, estas prestaciones han estado ligadas a la práctica privada de la medicina, o desde las Obras Sociales a cuestiones relacionadas con la infertilidad como patología, quedando excluidas de estas técnicas y prácticas numerosos grupos poblacionales como las personas homosexuales o los que no cuentan con los recursos suficientes.

Muchos convenios internacionales sobre derechos humanos aluden a la necesidad de garantizar a toda la población el acceso a una salud de calidad.  Entre ellos podemos mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 24; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26; la CEDAW, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 24, todos ellos incorporados a nuestra Constitución Nacional, lo que nos convierte en garantes obligados.

En el mismo sentido la reciente ley 26.618 de matrimonio igualitario, establece que las personas del mismo sexo tienen los mismos derechos y obligaciones que las personas de diferente sexo.

Desde este marco, el imperativo de legislar sobre la garantía de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, se imponía como un paso más hacia  la igualdad de derechos, situación que el Congreso nacional ha resuelto reparar con la aprobación de esta Ley que garantizará, una vez sancionada, el acceso de todos y todas a estos servicios.

Este proyecto, con sanciones de ambas Cámaras y que esta en la fase final de aprobación, ha sido respaldo por años de trabajo técnico, por el aporte de organizaciones sociales dedicadas a la temática y por numerosas audiencias públicas.

 Los consensos logrados permitirán contar con una ley de cobertura para el “acceso al derecho a ser beneficiario de estas técnicas y procedimientos” sin distinción de estado social , civil, ni discriminación por sexo, quedando pendiente el debate final en la Reforma del Código Civil.

Estos  derechos se garantizarán en todo el país y a todas las personas sin distinción, tal como lo establecen las convenciones internacionales y la Constitución Argentina.

Finalmente, una ley es el producto de un trabajo de consenso que da el punta pie inicial al desarrollo de la política pública específica. Para su efectivo cumplimiento necesitamos de decisiones políticas acordes que permitan una democratización real de la fertilización asistida. Esperamos entonces, su rápida sanción, para seguir con una reglamentación e implementación responsable que garantice salud de calidad a todas las personas, sin distinción.

Es necesario destacar que la reglamentación deberá establecer los mecanismos de financiamiento del sector público para que la ley sea efectiva en todo el territorio nacional, en acuerdo del COFESA. Si bien la norma obliga al Ministerio de Salud a establecer un presupuesto anual, debe definirse el financiamiento de los servicios del Estado de manera federal.

Principales aspectos del Proyecto:

¿Cuál es el principal objetivo de la ley de Fertilización Asistida?: Garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico asistenciales de reproducción médicamente asistida, como un derecho humano.

Esta definición excede el concepto economicista de la mera cobertura, o el antiguo concepto reduccionista de la infertilidad como sinónimo de enfermedad o patología.

También es objeto de esta norma la posibilidad de que todas las personas acceden libremente a este derecho sin distinción de estado civil o preferencia sexual, reparando la imposibilidad vigente originada en la ausencia de una legislación específica de reproducción asistida.

Los beneficiarios;

Según el artículo 7°, tiene derecho a acceder a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, toda persona mayor de edad que, de plena conformidad con lo previsto en la ley 26.529, de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, haya explicitado su consentimiento informado. El consentimiento es revocable hasta antes de producirse la implantación del embrión en la mujer.

En relación con los beneficiarios y la cobertura la ley contempla dos tipos de situaciones: Por un lado, se garantiza asistencia de inmediato a todas las personas que buscan un embarazo, según lo establece el artículo 2º, pero además prevé una situación especial para quienes no pretenden buscar un embarazo en ese momento sino que tienen comprometida su capacidad de procreación en el futuro. Ver Art.8 último párrafo:

“También quedan comprendidos en la cobertura prevista en este artículo, los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos, según la mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin por la autoridad de aplicación, para aquellas personas, incluso menores de dieciocho (18) años que, aun no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometidas su capacidad de procrear en el futuro.

Los procedimientos y técnicas:

La ley incorpora todos los procedimientos y técnicas ‑desde los de muy baja complejidad hasta los de alta complejidad‑ utilizados para la consecución de un embarazo, sea éste con donación de gametos o embriones, con la conservación que se considere más efectiva y prudente.

No es restrictiva con las prácticas:

El nivel de cobertura especificado alcanza a los procedimientos de reproducción médicamente asistida que están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Estos procedimientos y técnicas son conocidos como de baja complejidad, en primer término, o también RMA, reproducción médicamente asistida.  Se incluyen las técnicas de reproducción humana asistida, también avaladas por la OMS, determinadas con la sigla TRA, conocidas anteriormente como técnicas de fertilización in vitro.

Ellas incluyen todas las técnicas en las que haya algún grado de manipulación de gametos, ya sean femeninos o masculinos, y embriones. Se tienen en cuenta la obtención de gametos, la fecundación in vitro, la trasferencia de embriones y de gametos y la crioconservación de los mismos.

Por otra parte, los tipos de sujetos obligados están claramente determinados en el artículo 8º. Esto es fundamental y va más allá del PMO. No es restrictiva a estas, el organismo de aplicación seguirá incorporando prácticas y técnicas avaladas por la comunidad científica.

El acceso al derecho a la cobertura es una definición de política pública vinculada con la equidad en el acceso a los avances científicos y el goce de la salud, que beneficiará a quienes hoy no pueden acceder a estos servicios

Autoridad de Aplicación,

Todas estas técnicas quedarán sujetas al criterio de oportunidad y reglamentación de la autoridad de aplicación que de acuerdo a lo determinado en el artículo 3° de la norma será el Ministerio de Salud de la Nación.

Incorporación de técnicas y prácticas al PMO

La ley incorpora técnicas y prácticas al PMO, programa médico obligatorio, quedando establecido que será el Ministerio de Salud, como órgano de aplicación, quien determinar la cantidad, frecuencia y criterios en general con que se dará cobertura dentro del PMO.

Si bien el Ministerio podrá reglamentar, no podrá incorporar criterios que impliquen la exclusión de un grupo social por su orientación sexual o su estado civil. Esto también queda expresamente planteado en el proyecto de ley.

Registro de Entidades e Instituciones habilitadas;

Cabe mencionar la creación de un registro de entidades e instituciones habilitadas, que funcionará dentro de la órbita del Ministerio de Salud

Sobre el presupuesto:

A los fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, el Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la correspondiente asignación presupuestaria.

Es necesario destacar que la reglamentación deberá establecer los mecanismos de financiamiento del sector público para que la ley sea efectiva en todo el territorio nacional, en acuerdo del COFESA. Si bien la norma obliga al Ministerio de Salud a establecer un presupuesto anual, debe definirse el financiamiento de los servicios del Estado de manera federal.